La renegociación de la deuda ecuatoriana asombró a un Nobel

REUTERS, 13 de septiembre de 2009

La cesación de pagos declarada por Ecuador en 2008 fue rechazada por Wall Street, que la vio como el primer ejemplo de un país solvente que se niega a pagar su deuda externa. Pero para el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la decisión fue beneficiosa para el país.

Los inversores se indignaron cuando el presidente Rafael Correa, declaró una moratoria sobre bonos globales por USD 3 200 millones, cuando la economía estaba creciendo y las arcas estatales tenían efectivo por los altos precios del petróleo de entonces.

Con los resultados de una auditoría, Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dijo que los bonos se negociaron ilegalmente por Gobiernos anteriores en complicidad con la banca internacional.

En junio, Ecuador recompró el 91% de los bonos en una operación que obtuvo una participación mayor a la esperada. “Hacer la auditoría fue una idea innovadora. Así como intentar comprender de dónde salió la deuda y la legitimidad de la misma”, le dijo Stiglitz a Reuters.

“Es algo que otros países deberían considerar. Hay costos y beneficios. Argentina está mejor tras su ‘default’ (en 2002) de lo que estaba antes. Lo mismo sucede con Rusia”, sostuvo Stiglitz.

También sostuvo que Ecuador ha mejorado su posición, dado que los menores pagos de deuda permiten a la economía recuperarse más rápidamente de los efectos de la crisis global.

El Gobierno ecuatoriano incumplió el pago de los bonos 2012 y 2030 que fueron creados dentro de una reestructuración de la deuda Brady en 2000. Los auditores dijeron que la reestructuración imponía términos abusivos y violaba las leyes locales.

El Gobierno espera una expansión del 2% en el Producto Interno Bruto de 2009 y del 3,4% en 2010, pese a una demanda inestable del petróleo.

Lo que se necesita, según Stiglitz, es un mejor mecanismo para reestructurar las deudas soberanas que funcione de la misma manera en que los tribunales lidian con las deudas de las personas individuales.

Un sistema de ese tipo permitiría a los gobiernos presentar sus quejas sobre la forma en que se contrajeron las deudas, así como un ciudadano privado podría presentar su caso contra bancos que, por ejemplo, emitieron tarjetas de crédito con costos escondidos u otras irregularidades.