Correa revelará el informe de la deuda pública
La Comisión que auditó el crédito público trabajó por 14 meses. Las conclusiones ya las tiene el presidente Correa.
En manos del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, está el informe que la Comisión de la auditoría de la deuda externa elaboró después de 14 meses de trabajo.
Aunque los integrantes de la Comisión han llegado a conclusiones y a esclarecer los indicios de ilegitimidad e ilegalidad de tramos de la deuda contraída por los gobiernos entre 1976 y el 2006, esperan que su contenido y que las acciones que se emprendan sean anunciadas por el Primer Mandatario, con quien debían reunirse el pasado lunes. El Presidente, sin embargo, ha postergado el encuentro.
Según el decreto Ejecutivo que creó la Comisión –el 9 de julio del 2007-, el informe debía estar listo el 9 de julio de este año, pero su trabajo se extendió dos meses más.
En todo este tiempo, además, del trabajo basado en informes y documentación de entidades públicas, la Comisión de la auditoría de la deuda externa, recibió el apoyo de entidades internacionales, que han facilitado contactos e información en países como España, que es uno de los principales acreedores de Ecuador en deuda bilateral (entre naciones).
Durante los 30 años que fueron sometidos a investigación, la deuda pública ecuatoriana (externa más interna) creció de 1.174,6 millones a 14.245,6 millones.
Además, se dividieron los periodos del endeudamiento por tramos: la que adquirió la dictadura militar, la sucretización, los bonos Brady y el canje a bonos Globales.
En tanto, los participantes de la primera Reunión Sur-Norte de la Campaña Internacional sobre la Deuda Ilegítima ratificaron su lucha para que se reconozca la ilegitimidad de los créditos contraídos no solo por el gobierno ecuatoriano, sino por varios países latinoamericanos e incluso europeos.
Representando a 50 redes y organizaciones globales y regionales de 36 países del mundo, el grupo Deuda Ecuador expresó su respaldo al Gobierno por su intención de transparentar el endeudamiento público, a través del trabajo de la Comisión.
Los integrantes del grupo se reunieron entre el 9 y 15 de septiembre pasados en Quito, donde analizaron el impacto de la deuda en el caso ecuatoriano, así como los criterios científico, técnico y jurídico incorporados por la comisión en su trabajo.
Beverly Keene, representante de Jubileo Sur, expresó el compromiso de la organización (que consta en la resolución del 15 de septiembre) por difundir los resultados de la auditoría y por buscar apoyo del gobierno, parlamento y movimientos para lograr “la restitución y la reparación de lo que el pueblo ecuatoriano ha pagado injustamente”.
Gabriel Stratman, de la Red Brasil, señaló que el ejemplo ecuatoriano de auditar la deuda externa puede sentar un precedente en su país y en la región.
Mientras, Lidy Nacpil, de Jubileo Asia–Filipinas, recordó la importancia de que las instituciones de un país reconozcan la ilegitimidad de los créditos externos, para evitar que la lucha sea infructuosa.
En Filipinas, citó Nacpil como ejemplo, pese a que el Congreso de ese país aprobó hace un año la suspensión de 11 casos de créditos externos considerados ilegítimos, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, vetó la decisión.
La Campaña Internacional sobre la Deuda Ilegítima inició formalmente en septiembre del 2005, continuó en Cuba y Kenia, hasta llegar a las definiciones expresadas el martes pasado.
Su compromiso en adelante es continuar los diálogos iniciados en las Naciones Unidas y el Banco Mundial, organismo en el cual se empieza a debatir y visibilizar la complejidad de la deuda externa.
Aunque los integrantes de la Comisión han llegado a conclusiones y a esclarecer los indicios de ilegitimidad e ilegalidad de tramos de la deuda contraída por los gobiernos entre 1976 y el 2006, esperan que su contenido y que las acciones que se emprendan sean anunciadas por el Primer Mandatario, con quien debían reunirse el pasado lunes. El Presidente, sin embargo, ha postergado el encuentro.
Según el decreto Ejecutivo que creó la Comisión –el 9 de julio del 2007-, el informe debía estar listo el 9 de julio de este año, pero su trabajo se extendió dos meses más.
En todo este tiempo, además, del trabajo basado en informes y documentación de entidades públicas, la Comisión de la auditoría de la deuda externa, recibió el apoyo de entidades internacionales, que han facilitado contactos e información en países como España, que es uno de los principales acreedores de Ecuador en deuda bilateral (entre naciones).
Durante los 30 años que fueron sometidos a investigación, la deuda pública ecuatoriana (externa más interna) creció de 1.174,6 millones a 14.245,6 millones.
Además, se dividieron los periodos del endeudamiento por tramos: la que adquirió la dictadura militar, la sucretización, los bonos Brady y el canje a bonos Globales.
En tanto, los participantes de la primera Reunión Sur-Norte de la Campaña Internacional sobre la Deuda Ilegítima ratificaron su lucha para que se reconozca la ilegitimidad de los créditos contraídos no solo por el gobierno ecuatoriano, sino por varios países latinoamericanos e incluso europeos.
Representando a 50 redes y organizaciones globales y regionales de 36 países del mundo, el grupo Deuda Ecuador expresó su respaldo al Gobierno por su intención de transparentar el endeudamiento público, a través del trabajo de la Comisión.
Los integrantes del grupo se reunieron entre el 9 y 15 de septiembre pasados en Quito, donde analizaron el impacto de la deuda en el caso ecuatoriano, así como los criterios científico, técnico y jurídico incorporados por la comisión en su trabajo.
Beverly Keene, representante de Jubileo Sur, expresó el compromiso de la organización (que consta en la resolución del 15 de septiembre) por difundir los resultados de la auditoría y por buscar apoyo del gobierno, parlamento y movimientos para lograr “la restitución y la reparación de lo que el pueblo ecuatoriano ha pagado injustamente”.
Gabriel Stratman, de la Red Brasil, señaló que el ejemplo ecuatoriano de auditar la deuda externa puede sentar un precedente en su país y en la región.
Mientras, Lidy Nacpil, de Jubileo Asia–Filipinas, recordó la importancia de que las instituciones de un país reconozcan la ilegitimidad de los créditos externos, para evitar que la lucha sea infructuosa.
En Filipinas, citó Nacpil como ejemplo, pese a que el Congreso de ese país aprobó hace un año la suspensión de 11 casos de créditos externos considerados ilegítimos, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, vetó la decisión.
La Campaña Internacional sobre la Deuda Ilegítima inició formalmente en septiembre del 2005, continuó en Cuba y Kenia, hasta llegar a las definiciones expresadas el martes pasado.
Su compromiso en adelante es continuar los diálogos iniciados en las Naciones Unidas y el Banco Mundial, organismo en el cual se empieza a debatir y visibilizar la complejidad de la deuda externa.
Fuente: (pescobar@telegrafo.com.ec)
enviat per dani a la/es
8:41 a. m.
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