Ecuador entierra al neoliberalismo
Por: Hedelberto López Blanch
Ecuador se convirtió en los últimos años, antes de la llegada del presidente Rafael Correa al poder, en uno de los fracasos más sonados de la aplicación de políticas económicas neoliberales en América Latina, impuestas por los organismos financieros internacionales con la anuencia de los gobiernos estadounidenses. Los problemas creados por el neoliberalismo y el libre comercio persiguieron como un fantasma a los gobiernos ecuatorianos precedentes, motivaron la caída de tres presidentes (Jamil Mahaud, Abdala Bucaram, Lucio Gutiérrez), abrieron el camino para el mandato de Correa y permitieron la aprobación el pasado 29 de septiembre de una nueva Constitución, mediante un referendo nacional sancionado por el 64 % de la población.
Antes de la asunción de Correa a la presidencia, en enero de 2007, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aseguraba que Ecuador era un país con desarrollo humano bajo y ocupaba el lugar 94 entre 173 naciones. El PNUD alertaba que el crecimiento de la pobreza se encontraba íntimamente relacionado con el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso pues 20 % de la población más pudiente absorbía 60 %, mientras 25 % de las personas más desposeídas solo recibía alrededor del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
En esta nación andina, que exporta petróleo, banano, camarón, cacao y café, alrededor del 74 % de sus 14 millones de habitantes, viven en la pobreza debido a que la mayoría de esos dividendos van a parar a manos de las transnacionales y de los negociantes nacionales privados. Otro documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalaba que a principios de 2007, el gasto de salud por habitantes en un año se ubicaba en solo 20 dólares, uno de los más bajos del continente.
A los servicios de atención médica solo tenían acceso cerca de la mitad de la población, mientras que 60 % carecía de drenaje en sus viviendas y 45 % no disponía de agua potable, situación que ha ido mejorando en el último año al extender Correa los presupuestos para programas sociales. El índice de desempleo y subempleo, alcanzaban unidos, la astronómica cifra del 46 % de la población económicamente activa y por lo tanto se hacía necesario crear nuevas fuentes de trabajo.
En esa fecha, Ecuador tenía una de las deudas más caras de la región pues gran parte del débito externo se encuentran con tasas de interés de 12 % (bonos globales 2012 que reemplazaron a los bonos Brady) por lo que el servicio o pago del mismo es oneroso para el país al restarle recursos para los sectores sociales. El presupuesto del Estado había sido elaborado para privilegiar el pago de la deuda externa en desmedro del área social, lo cual afectaba paulatinamente los sectores más pobres del país. Lucio Gutiérrez, quien siguió al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), recortó varios presupuestos sociales. En educación pasó de 638 millones de dólares en 2004 a 464 millones en 2005, lo cual provocó que miles de niños no accedieran a las aulas; en salud, de 323 a 211 millones de dólares en el mismo período; para el desarrollo agropecuario la cifra de 151 millones se bajó a 71 millones de dólares con la consecuente recesión agrícola. Sin embargo, el destituido presidente hizo lo imposible por cumplir con la deuda pública y externa (punto exigido por el FMI) a la que dedicó cerca del 40 % del presupuesto nacional.
A sólo 11 meses en la presidencia, Correa presentó al Congreso la Proforma Presupuestaria para 2008 que ascendió a 10 millones 357 650 dólares, un 6 % mayor que el de 2007. En la Proforma se asignaron mayores porcentajes para el Tesoro Nacional (3. 861 millones de dólares; 37,3 %); Educación y Cultura (1. 536,1 millones; 14,8 %), superior en 108,1 millones (7,6 %) al presupuestado del 2007; Salud (728.5 millones; 7 %), mayor en 80.8 millones de dólares al de 2007 (12,5 %); Bienestar Social (5,2 %) y Comunicaciones (6,4 %).
La nueva Constitución aprobada, con amplio perfil nacionalista y progresista, aumenta el poder del Estado sobre la economía y el Ejecutivo. La Carta Magna permitirá al Estado ostentar más control y participación en sectores estratégicos como petróleo, minas, telecomunicaciones, agropecuario y agua. Sustituye la definición de “economía de mercado” esgrimido por las recetas neoliberales del FMI y del Banco Mundial, por una de “economía solidaria”.
Asimismo, el Banco Central pierde su autonomía, y la política monetaria pasa a ser atribución del presidente, a la par que le permite limitar y regular monopolios y oligopolios en el sector privado. La nueva Constitución autoriza la expropiación de bienes por causa de utilidad pública o interés social y prohíbe celebrar contratos con cláusulas de arbitraje internacional. El documento enfatiza que se propiciará el intercambio “justo” y “complementario” de bienes y servicios.
En cuanto a la deuda -una de las cuestiones que más ha golpeado a la economía ecuatoriana- crea el concepto de “ilegitimidad” e “ilegalidad” para la deuda externa, que daría al mandatario un soporte legal para detener el pago de algunos tramos de sus pasivos. El presidente Correa ha expresado en varias oportunidades que dará prioridad al gasto social frente al pago de los tenedores de bonos con el lema “la vida antes que la deuda”.
Otra de las prerrogativas que ostentará el Estado es la de expropiar tierras no productivas para redistribuirlas entre la población, prohíbe los latifundios y las semillas genéticamente modificadas, con excepción de algunos granos autorizados por el presidente. El triunfo de la nueva constitución ecuatoriana, sancionada por las dos terceras partes de su población, es el resultado de las nefastas políticas neoliberales que proliferaron por América Latina, llenando de miseria y pobreza a grandes masas, que hoy apuestan por un orden social más justo y de integración regional.
Fuente: Opciones
Ecuador se convirtió en los últimos años, antes de la llegada del presidente Rafael Correa al poder, en uno de los fracasos más sonados de la aplicación de políticas económicas neoliberales en América Latina, impuestas por los organismos financieros internacionales con la anuencia de los gobiernos estadounidenses. Los problemas creados por el neoliberalismo y el libre comercio persiguieron como un fantasma a los gobiernos ecuatorianos precedentes, motivaron la caída de tres presidentes (Jamil Mahaud, Abdala Bucaram, Lucio Gutiérrez), abrieron el camino para el mandato de Correa y permitieron la aprobación el pasado 29 de septiembre de una nueva Constitución, mediante un referendo nacional sancionado por el 64 % de la población.
Antes de la asunción de Correa a la presidencia, en enero de 2007, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aseguraba que Ecuador era un país con desarrollo humano bajo y ocupaba el lugar 94 entre 173 naciones. El PNUD alertaba que el crecimiento de la pobreza se encontraba íntimamente relacionado con el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso pues 20 % de la población más pudiente absorbía 60 %, mientras 25 % de las personas más desposeídas solo recibía alrededor del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
En esta nación andina, que exporta petróleo, banano, camarón, cacao y café, alrededor del 74 % de sus 14 millones de habitantes, viven en la pobreza debido a que la mayoría de esos dividendos van a parar a manos de las transnacionales y de los negociantes nacionales privados. Otro documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalaba que a principios de 2007, el gasto de salud por habitantes en un año se ubicaba en solo 20 dólares, uno de los más bajos del continente.
A los servicios de atención médica solo tenían acceso cerca de la mitad de la población, mientras que 60 % carecía de drenaje en sus viviendas y 45 % no disponía de agua potable, situación que ha ido mejorando en el último año al extender Correa los presupuestos para programas sociales. El índice de desempleo y subempleo, alcanzaban unidos, la astronómica cifra del 46 % de la población económicamente activa y por lo tanto se hacía necesario crear nuevas fuentes de trabajo.
En esa fecha, Ecuador tenía una de las deudas más caras de la región pues gran parte del débito externo se encuentran con tasas de interés de 12 % (bonos globales 2012 que reemplazaron a los bonos Brady) por lo que el servicio o pago del mismo es oneroso para el país al restarle recursos para los sectores sociales. El presupuesto del Estado había sido elaborado para privilegiar el pago de la deuda externa en desmedro del área social, lo cual afectaba paulatinamente los sectores más pobres del país. Lucio Gutiérrez, quien siguió al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), recortó varios presupuestos sociales. En educación pasó de 638 millones de dólares en 2004 a 464 millones en 2005, lo cual provocó que miles de niños no accedieran a las aulas; en salud, de 323 a 211 millones de dólares en el mismo período; para el desarrollo agropecuario la cifra de 151 millones se bajó a 71 millones de dólares con la consecuente recesión agrícola. Sin embargo, el destituido presidente hizo lo imposible por cumplir con la deuda pública y externa (punto exigido por el FMI) a la que dedicó cerca del 40 % del presupuesto nacional.
A sólo 11 meses en la presidencia, Correa presentó al Congreso la Proforma Presupuestaria para 2008 que ascendió a 10 millones 357 650 dólares, un 6 % mayor que el de 2007. En la Proforma se asignaron mayores porcentajes para el Tesoro Nacional (3. 861 millones de dólares; 37,3 %); Educación y Cultura (1. 536,1 millones; 14,8 %), superior en 108,1 millones (7,6 %) al presupuestado del 2007; Salud (728.5 millones; 7 %), mayor en 80.8 millones de dólares al de 2007 (12,5 %); Bienestar Social (5,2 %) y Comunicaciones (6,4 %).
La nueva Constitución aprobada, con amplio perfil nacionalista y progresista, aumenta el poder del Estado sobre la economía y el Ejecutivo. La Carta Magna permitirá al Estado ostentar más control y participación en sectores estratégicos como petróleo, minas, telecomunicaciones, agropecuario y agua. Sustituye la definición de “economía de mercado” esgrimido por las recetas neoliberales del FMI y del Banco Mundial, por una de “economía solidaria”.
Asimismo, el Banco Central pierde su autonomía, y la política monetaria pasa a ser atribución del presidente, a la par que le permite limitar y regular monopolios y oligopolios en el sector privado. La nueva Constitución autoriza la expropiación de bienes por causa de utilidad pública o interés social y prohíbe celebrar contratos con cláusulas de arbitraje internacional. El documento enfatiza que se propiciará el intercambio “justo” y “complementario” de bienes y servicios.
En cuanto a la deuda -una de las cuestiones que más ha golpeado a la economía ecuatoriana- crea el concepto de “ilegitimidad” e “ilegalidad” para la deuda externa, que daría al mandatario un soporte legal para detener el pago de algunos tramos de sus pasivos. El presidente Correa ha expresado en varias oportunidades que dará prioridad al gasto social frente al pago de los tenedores de bonos con el lema “la vida antes que la deuda”.
Otra de las prerrogativas que ostentará el Estado es la de expropiar tierras no productivas para redistribuirlas entre la población, prohíbe los latifundios y las semillas genéticamente modificadas, con excepción de algunos granos autorizados por el presidente. El triunfo de la nueva constitución ecuatoriana, sancionada por las dos terceras partes de su población, es el resultado de las nefastas políticas neoliberales que proliferaron por América Latina, llenando de miseria y pobreza a grandes masas, que hoy apuestan por un orden social más justo y de integración regional.
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