Gobierno, empresas y familias deben 2,7 billones, el 250% del PIB español

Maite Vázquer del Río. ELECONOMISTA.ES. 21 de octubre de 2009

spaña está endeudada hasta las cejas. Si en tiempos de bonanza económica la petición de créditos y su respectiva concesión cabalgó sin límites, la crisis cerró la liquidez a empresas y familias. Pero las Administraciones Públicas, necesitadas como están de atender todas las necesidades, sobre todo, sociales, son las que captan la mayor parte del dinero en circulación.

No en vano, el déficit público podría acabar cercano al 12% del Producto Interior Bruto (PIB). A finales de julio pasado empresas, familias y sector público debían la escandalera de 2,7 billones de euros que, para que nos hagamos una idea, representa el 250 por ciento de nuestro PIB, por lo que se ha multiplicado por tres desde 2003.

En búsqueda de liquidez

Y nuestra economía tardará en recuperarse. A cada uno le preocupan sus deudas. Las familias, pendientes del hilo del paro, están endeudadas por valor de 904.614 millones, la mayor parte por préstamos sobre viviendas. Menos mal que el euribor está en el nivel más bajo de su historia (1,25). La pregunta es qué ocurrirá cuando el Banco Central Europeo (BCE) decida subir los tipos de interés.

Por su parte, las empresas, que han tenido que reducir sus márgenes y buscar liquidez a duras penas, deben más de 1,3 billones de euros. Sólo las operaciones inmobiliarias supera el billón de euros (el 60 por ciento corresponde a las familias y el 40 por ciento a operaciones inmobiliarias aún impagadas).

Para el responsable del servicio técnico de Comisiones Obreras, Miguel Ángel García, salir de esta situación requerirá no tomar decisiones precipitadas. Antes se deben tener en cuenta los márgenes que tiene la economía.

Ganar tiempo

El problema es que en los tiempos de bonanza no se guardó para tiempos peores, y se ha llegado a este nivel de endeudamiento porque nadie puso límites al dinero que se prestaba. Ahora, denuncia el economista, "se está volviendo a refinanciar la deuda de las empresas" para que las entidades financieras no vayan al "colapso", a través de la creación de sociedades a las que imputan las operaciones inmobiliarias impagadas. El objetivo de tal medida es ganar tiempo para que se incrementen sus activos financieros y buscar una salida al grave problema que tienen: los 800.000 millones de deuda con el exterior y los fallidos.

Por tanto, este sector necesita capitalización, mientras el Fondo de Reestructuración Ordena Bancaria (Frob) sólo se preocupa por "comprar activos". A día de hoy, la reserva del sector asciende a 37.000 millones, una cantidad que resulta a todas luces irrisoria.

Mientras tanto, las empresas están muy "apalancadas". Según los últimos datos, el valor de las operaciones inmobiliarias impagadas supera los 470.000 millones de euros, lo que supone un incremento de estos créditos desde 2003 hasta mediados de 2009 del 47 por ciento.

Por último, las Administraciones Públicas, que venían de un cómodo superávit, ya tienen en su contra 450.000 millones de euros, tras emitir todo tipo de deuda para atender a sus gastos más apremiantes, sobre todo, los planes de estímulo fiscal junto a las ayudas a los desempleados y a los sectores más afectados por la crisis. Por estas últimas razones, la deuda pública ha pasado de los 432.000 millones en 2008 a los 561.000 millones.

Desigualdades sociales en España

Vicenç Navarro. PÚBLICO, 8 de octubre de 2009.

Según las cifras de Eurostat (la agencia de datos de la Unión Europea), publicadas en el último informe del Observatorio Social de España, OSE, (La Situación Social en España, volumen III), España es el país más desigual de la Unión Europea. Mírese como se mire, los datos hablan por sí mismos. El Coeficiente Gini (que mide el grado de desigualdad de un país) es el más alto de la UE y la distancia en el nivel de renta entre el 20% de la población de renta superior (que incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias de renta alta) y el 20% de la población de renta inferior (la mayoría de clase trabajadora no cualificada) es la más elevada de la UE.

Las diferencias en la calidad de vida entre las clases sociales son también las más acentuadas de la UE. En indicadores que reflejan tal calidad, como son las cifras de mortalidad, las diferencias son enormes. Un burgués en España vive casi dos años más que un pequeño burgués, que vive casi dos años más que una persona de clase media de renta media alta, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada con más de cinco años en el paro. La distancia en años de vida entre el último y el primero son diez años (repito, no diez días, o diez meses, sino diez años). El promedio de la UE son siete.

¿Por qué estas desigualdades? La causa mayor es el enorme poder económico, mediático y político que ha tenido históricamente y continúa teniendo el 20% de la población de la renta superior del país (que incluye, entre otros grupos sociales, a los creadores de opinión). Este grupo social (que en España se le llama clase alta) tiene una enorme influencia en el Estado español, causa de que sea el menos redistributivo de todos los estados de la UE. Según los mismos datos de Eurostat, las intervenciones del Estado español reducen la pobreza sólo 4 puntos, pasando de ser un 24% de la población (casi uno de cada cuatro españoles) antes de que intervenga el Estado a un 20% de la población (uno de cada cinco). En el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo que España, la pobreza pasa de un 26% de la población a un 16%, una reducción de 10 puntos. Suecia (país donde históricamente las izquierdas han sido más fuertes) pasa de un 29% a un 12%, una reducción de 17 puntos. Esta reducción se da no sólo entre ricos y pobres sino entre todas las clases sociales.

Una causa importante de que el Estado español sea tan poco redistributivo se debe al escaso desarrollo de su Estado del bienestar, es decir, de las transferencias públicas (como las pensiones) y de los servicios públicos (como sanidad, educación, servicios del cuarto pilar del bienestar –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios a las personas con dependencias–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros), que tienen una gran importancia para explicar la calidad de vida de la ciudadanía y muy en particular de las clases populares, que son las que más utilizan tales transferencias y servicios. Ejemplo de la importancia de estas transferencias es que sin las pensiones, por ejemplo, el 62% de los ancianos en este país serían pobres.

Este subdesarrollo del Estado del bienestar se debe a su subfinanciación. El gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. Y esta subfinanciación se debe a que los ingresos del Estado son reducidos, consecuencia de que la carga fiscal en España es la más baja de la UE-15, el 36% del PIB (el promedio de la UE-15 es el 46%; el de Suecia es el 55,5%). Decir que los impuestos son bajos, sin embargo, no es suficiente. Es cierto que la mayoría de impuestos en España son más bajos que en la UE. Pero en algunos tipos y para algunos grupos de la población los impuestos en España son mucho más bajos que en la UE-15. Y aquí no me refiero a los tipos (que a través de las exenciones se anula su efecto progresivo) sino a toda la carga fiscal, que es la más regresiva que existe en la UE-15. El 20% de la población de renta superior en España contribuye al fisco menos que sus homólogos en la UE-15 (parte de ello se debe al enorme fraude fiscal, entre otros, de la Banca, que tiene los beneficios más altos de la UE-15 y de los más altos del mundo, lo cual no se debe a su eficiencia sino a su enorme poder y excesiva influencia sobre el Estado). De ahí que, mientras lo que paga en impuestos un obrero en España no es mucho menos (en términos porcentuales) que lo que paga un obrero en la UE-15, lo que paga un burgués, sin embargo, es mucho más bajo que lo que paga su homólogo en el promedio de la UE-15.

Y ahí está el meollo de la cuestión. Las políticas fiscales en España son las más regresivas de la UE-15. Nuestro país es donde menos se respeta aquel principio –que fue la guía de las izquierdas– de que las políticas públicas debieran ir creando una sociedad en la que “a cada uno, según sus necesidades y de cada uno, según sus habilidades”. Indicar, como lo dijo recientemente Miguel Sebastián, que “los impuestos no están para redistribuir la riqueza, sino para obtener ingresos” (Público, 29-09-09),

es no sólo abandonar unas intervenciones claves para redistribuir recursos, sino también renunciar al principio que debiera ser guía para un Gobierno socialdemócrata. Parecía que, por un momento, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando habló de enfrentarse a los poderosos, así lo entendía. Por desgracia, las propuestas hechas no traducen este compromiso. Los “poderosos” no verán sus rentas afectadas seriamente y el Estado español continuará siendo el que en la UE menos redistribuya las riquezas del país, con lo cual un burgués continuará viviendo diez años más que un obrero.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

La deuda de España alcanzará el 136% del PIB si no se reduce el déficit, según Barclays

Eduardo Segovia. COTIZALIA, 30 de septiembre de 2009

El brutal incremento de la deuda pública española para financiar el agujero de las cuentas públicas (la vicepresidenta Elena Salgado anunció ayer que el Estado emitirá 211.500 millones en 2010) durará mucho más de lo que prevé el Gobierno alcanzará niveles terroríficos: hasta el 136% del PIB en 2016, según estimaciones de Barclays Capital. Para evitarlo, no basta con que la economía se recupere, sino que es necesario un importante ajuste del gasto que reduzca el déficit público de forma drástica.

Esta cifra se alcanzará en el escenario económico estimado por el FMI y asumiendo que el Gobierno no toma medidas de ajuste fiscal, sino que confía exclusivamente en la recuperación para reducir el déficit y la deuda. En ese caso, España pasará de tener una deuda del 59% del PIB en 2010 hasta el 96% en 2013 y el citado 136% en 2016. Una evolución catastrófica si tenemos en cuenta que el ratio de endeudamiento se encontraba en el 39,5% en 2008.

Para el resto de la zona euro la tendencia es la misma, aunque en niveles más bajos: 103% del PIB en 2013 y 119% en 2016. Es decir, que España, a pesar de partir de un endeudamiento mucho más bajo que el de la media de la zona euro, superará con creces esta media en los próximos años. Sólo superarán la deuda de nuestro país Italia (con un ratio del 147%), Irlanda (165%) y Grecia (con un escalofriante 201%).

En un escenario más optimista en el que el PIB vuelve a un crecimiento del 3% anual a partir de 2012, la deuda tampoco se estabilizará hasta 2016, aunque su crecimiento será menor: España alcanzará el 95% en 2013 y el 126% en 2016, mientras que las cifras para el conjunto de la zona euro serán el 100% y el 109%, respectivamente.

En ese caso, se abriría más la brecha entre España y los grandes países de la zona euro, debido a que nuestro output gap (la diferencia entre el crecimiento potencial y el real de la economía) se cerrará más lentamente que en el resto de nuestros socios. Otro escenario posible es que la inflación vuelva a niveles del 4% y los tipos nominales al 6%, algo que tendría más efectos benéficos en la deuda que un crecimiento del PIB del 3% (la inflación incrementa el PIB nominal). En el caso español, el ratio de deuda alcanzaría en 93% en 2013 y el 121% en 2016, mientras que en el conjunto de la eurozona llegaría al 100% y al 104%, respectivamente.

Por tanto, no basta con la recuperación del crecimiento y la inflación para reducir la deuda pública. La única solución efectiva es acometer un duro ajuste fiscal, que Barclays estima en una reducción del déficit de dos puntos del PIB en el período 2012-2016. Si esta medida se hace efectiva, el ratio de endeudamiento empezará a bajar en 2014 en la región y se frenará en niveles más bajos, pero aun así, no volverá a los niveles anteriores a la crisis. Así, la media de la zona euro se situará en el 97% en 2013 y en el 90% en 2016, y la deuda española sería del 90% del PIB en 2013 y del 106% en 2016 (como se ve, nuestro ajuste llegará más tarde y también superaríamos el 100% y la media de nuestros socios).

No obstante, hay que considerar altamente improbable un ajuste fiscal de esta magnitud en España, ante la rotunda negativa del Gobierno de Zapatero a recortar el desbocado gasto público y al escaso impacto recaudatorio de la subida de impuestos anunciada. Lo peor es que esta reducción del déficit no sólo viene exigida por la necesidad de frenar el crecimiento de la deuda pública, sino también por el envejecimiento de la población, que va a incrementar notablemente el gasto público en los próximos años.

De nuevo, España aparece como uno de los países más afectados por este fenómeno, con un incremento del gasto de 9 puntos del PIB en el período 2007-2060, según estimaciones de la Comisión Europea. Esto pondrá nueva presión sobre el déficit público y, si no se produce el citado ajuste fiscal, tendrá que financiarse con más deuda.