Se aprueba el texto definitivo de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa

La Campaña ¿Quién debe a quién? considera insuficiente el texto aprobado

Nota de prensa / 23 de noviembre de 2006

Ley de Deuda Externa: insuficiente

El PSOE no ha demostrado voluntad política para incorporar en la Ley temas claves para los pueblos del Sur. Después de más de un año y medio de trámite parlamentario hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto definitivo de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa. Desde la Campaña "¿Quién debe a quién?" valoramos que ésta no satisface las aspiraciones de los pueblos empobrecidos del Sur. A pesar que la Ley incorpora algunas de las demandas de la sociedad civil, hay cuatro grandes lagunas que no ha contemplado el texto final. La primera de ellas es que no considera que exista responsabilidad alguna de la Administración española en el origen del endeudamiento de los países del Sur.

En consecuencia, no anula deudas que fueron contraídas para vender armas españolas a dictadores corruptos, como es el caso de la deuda somalí o angoleña; o para financiar proyectos fracasados, que no pretendían buscar el beneficio de la población, sino el lucro de unos pocos, como es el caso de la papelera Celgusa en Guatemala; o para la venta fraudulenta de material sanitario que nunca existió en el caso de Malawi, asegurado por un crédito a la exportación de la compañía española CESCE, para citar algunos ejemplos. En segundo lugar, si bien es cierto que la Ley compromete al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley para regular el FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) y otro para CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) antes de finalizar esta legislatura, ésta no contempla el contenido básico que contendrán estas normativas.

Las actuales políticas geoestratégicas del Gobierno español en el escenario internacional nos hacen temer que el contenido de estas leyes no será favorable a los intereses de los pueblos empobrecidos. Al contrario, es altamente probable que sigan potenciando intereses puramente económicos y desconociendo las graves violaciones de Derechos Humanos, la crisis ecológica mundial, los conflictos armados y la pobreza que padece la mayor parte de la población mundial, favoreciendo que se puedan continuar generando deudas ilegítimas. Y lo que es más grave, se dota al FAD de más de 500 millones de euros "frescos", lo que merma la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

El aumento del FAD es inaceptable y contradictorio con la propia Ley de Deuda Externa que prevé revisar este mecanismo de generación de Deuda. La oposición al incremento de los fondos canalizados a través del FAD no debería sin embargo, impedir el crecimiento de la AOD en general. En tercer lugar, por lo que respecta a la participación de la sociedad civil del Norte y del Sur en la gestión de la deuda externa, la Ley sólo "propiciará" vagamente la participación, pero no recoge la creación de una Comisión Parlamentaria Permanente sobre la deuda externa, cuya función sería establecer responsabilidades sobre la concesión de créditos ilegítimos, así como su posterior anulación, tal como exigía nuestra Campaña desde el principio. Por ello hacemos un llamamiento al Consejo de Cooperación que tenga un papel activo en el seguimiento del cumplimiento de esta Ley y que solicite toda la información a la que puede acceder según la misma. En último lugar, la Ley aprobada dice que una vez alcanzado el 0,7% del PIB el Gobierno presentará ante los Organismos Internacionales las iniciativas oportunas para dejar de contabilizar las operaciones de deuda como AOD.

Esto queda muy por detrás de lo políticamente posible. Países como Noruega ya lo están haciendo. Esto evidencia que el actual aumento de la AOD por parte de Gobierno no se entiende sin la contabilización de la deuda. Una vez aprobada la Ley, nuestra lucha por la abolición de la Deuda Externa sigue. Desde "¿Quién debe a quién?" animamos a movilizarnos para continuar reclamando y exigiendo el reconocimiento de la corresponsabilidad del Estado español en la generación de la deuda en los países del Sur. Con la esperanza que se acabe con la impunidad y que pronto pese más la voluntad de restituir la justicia que el cobro de deudas de muy dudoso carácter legítimo.

El Govern noruec reconeix la il·legitimitat del deute contret amb cinc països

Antecent històric que obre el camí per exigir corresponsabilitat entre Estats creditors i deutors i la necessitat d´implementar auditories de deute.

El pasado 2 de octubre el Gobierno noruego, a través de su Cancillería, anunció oficialmente la cancelación, sin condiciones y de manera unilateral, de la deuda a Ecuador, Perú, Egipto, Jamaica y Sierra Leona. El Gobierno noruego propone que estas deudas sean unilateralmente y incondicionalmente canceladas, sin asignación presupuestaria y sin incluir las cantidades canceladas como Ayuda Oficial al Desarrollo Oficial (AOD). La cantidad de la deuda cancelada, será, en otras palabras, un valor adicional a la AOD ordinaria de Noruega.

Es la primera vez en la historia reciente que un país acreedor cancela el equivalente a 80 millones de dólares bajo el reconociendo de la ilegitimidad de las deudas contratadas en la década de los 70 para favorecer a su industria naviera. En su anuncio, el gobierno noruego explícitamente reconoce su "corresponsabilidad" en este tipo de deudas y en la evaluación de impactos y riesgos para los países endeudados al aprobar créditos como "ayuda para el desarrollo". Esta decisión enfatiza la necesidad de identificar la legitimidad o no del conjunto de créditos internacionales contratados entre los países, para lo que es necesario procesos de auditoría serios y sostenidos. La valiente posición del gobierno noruego confirma que en el problema del endeudamiento existe una corresponsabilidad de los acreedores y cuestiona los espacios de resolución de problemas de deuda, en los cuales los acreedores son juez y parte, como el caso del Club de París. Además el caso puede significar un nuevo momento en la lucha internacional contra la deuda ilegítima, el cual en lo esencial signifique que se pueda discutir soluciones justas y definitivas el problema de la deuda.

Con este paso del gobierno noruego pone un desafío para el sistema financiero internacional: ¿podrán las Instituciones Financieras Internacionales y los Gobiernos acreedores de la Deuda Externa asumir su responsabilidad de anular las deudas ilegítimas y pasar de la retórica a la práctica en la construcción de un mundo más justo y sustentable?. ¿Habrá otros gobiernos dispuestos a seguir el valeroso ejemplo del gobierno de Noruega en los próximos meses y años?

El caso ecuatoriano
Este caso fue documentado por el CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador) desde el 2001 y presentado ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, cuyo informe fue clave para las posteriores acciones, recibiendo la adhesión y apoyo de importantes redes nacionales como el Grupo de Trabajo Nacional sobre Deuda e internacionales como la Campaña por la Anulación de la deuda del tercer mundo-SLUG/Jubileo Noruega.

La deuda con el Estado noruego fue contratada en 1980 por la Flota Bananera Ecuatoriana (FBE) por la compra de 4 barcos, por un valor de 52, 5 millones de dólares. Este crédito que tenía como objeto rescatar la industria naviera noruega en crisis, fue denominado "préstamo de ayuda al desarrollo". La FBE se liquidó en 1987 y el Estado ecuatoriano asumió gran parte de esta deuda. De la totalidad del crédito, 12,7 millones de dólares se negoció como préstamo bilateral con Noruega (valor que ya fue cancelado); en tanto que 13,5 millones de dólares se negociaron con el Club de París, suma que ascendió a 50 millones hasta el 2002, a pesar de ya haberse cancelado para ese año 14 millones por intereses y capital. Con la cancelación, el Estado Ecuatoriano ahorrará alrededor de 16 millones más, toda vez que tendría que continuar pagando aproximadamente dos millones anuales en los próximos 8 años. El rol de la sociedad civil ecuatoriana, de la que CDES es parte, en alianza con las redes regionales y las organizaciones noruegas ha sido de especial relevancia para presionar por la cancelación de esta deuda, y para fundamentar su carácter de ilegítima.

Fuente: CDES

LEY DE DEUDA: ALBERTO ACOSTA, DEL PARTIDO ALIANZA PAÍS (ECUADOR)

Publicado en Diagonal, N41

“Las deudas contraídas por dictaduras son ilegítimas”
Manuel Torres / Ecuador

La ‘ley de deuda’ ha levantado críticas tanto en el Estado español como en los países destinatarios de las supuestas ayudas. DIAGONAL habló con el economista Alberto Acosta, asesor en la redacción de la ley y uno de los probables ministros de Energía en el caso de que el partido de Rafael Correa (Alianza País) gane las elecciones de Ecuador el 26 de noviembre.

DIAGONAL: ¿Cuáles son las principales carencias de esta ley?
ALBERTO ACOSTA: El punto en donde mayor fuerza se debería haber puesto es en el campo de la legitimidad e ilegalidad de la deuda, y eso no está reflejado lamentablemente en el proyecto de ley. Cuando uno comienza a analizar el texto y ve cuáles son los principios que inspiran esta ley, se parte de algo que me deja descolgado. Es en el punto uno: “Respeto a la estabilidad financiera y a las obligaciones contractuales”. Se parte desde una lógica claramente impuesta por el Ministerio de Economía de España. Aquí se ve la mano de este ministerio y no la de los legisladores que se plantearon la legalidad o la legitimidad de la deuda. Ése debería haber sido el punto medular de esta ley y sólo entonces habría sido una ley trascendente.

Alrededor de las deudas ilegítimas hay toda una jurisprudencia que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y no encuentra todavía un canal legal (como el que podría haber sido esta ley) para impugnar las deudas ilegítimas. ¿Cuál es una deuda ilegítima? Aquella deuda contratada por un gobernante dictatorial, por ejemplo. Una dictadura que contrata una deuda para sojuzgar a su pueblo o incluso para provocar procesos de corrupción es una deuda abiertamente ilegítima, tal y como ocurrió con las deudas de los países latinoamericanos, generadas en buena parte durante gobiernos dictatoriales. En el caso concreto de esta ley, falta un capítulo sugerido a los diputados del Parlamento español en abril de este año: que se establezca un mecanismo básico para que antes de cualquier renegociación de deuda, condonación o canje desde la visión del acreedor, o sea, del Gobierno español, se realice una auditoría de la deuda para ver si fue adecuadamente concedida, si se cumplieron todos los principios establecidos en la legislación española y, luego, si esa deuda fue adecuadamente utilizada, porque si hay algún elemento de ilegalidad o ilegitimidad, no correspondería, por ejemplo, un canje de deuda. Transformar una deuda corrupta en inversión social no me parece que sea adecuado.

A finales de los ‘70 y principios de los ‘80, Ecuador se ‘benefició’ de unos créditos que entregaba el Gobierno noruego para comprar cuatro buques pesqueros, en condiciones relativamente ventajosas a través de una compañía mixta: capital privado y público, y al poco tiempo aquellos buques no funcionaron o no fueron rentables. El Estado finalmente se quedó con los buques y con las deudas. Pasado un tiempo, cuando Ecuador no pudo pagar esa deuda, ya que está en moratoria, empieza a saberse que la entrega de los créditos noruegos fue irregular. Por eso el Parlamento y el Gobierno noruego anularon esas deudas al definirlas como “vergonzosas”, por no hablar directamente de deudas corruptas. Habría sido interesante que desde el Gobierno español se tomara una decisión semejante.

D.: La condonación de deudas sigue sujeta a numerosas condiciones económicas...
A.A.: Aquí hay dos asuntos que me resultan muy complejos. Uno: el hecho de mantener el tema de las condicionalidades que tienen mucho que ver con los principios que se imponen en la lógica del Consenso de Washington. Y dos: este tipo de soluciones que podrían impulsarse a través de la ley tiene que ser de mutuo acuerdo con los organismos multilaterales de crédito. De una u otra manera se avanza, pero hasta un cierto punto el problema permanece en el marco establecido, no se cuestiona el papel de los organismos multilaterales de crédito en el caso de la deuda externa, ni se cuestiona la participación de España en el Club de París, que jurídicamente no existe: es una cuestión ad hoc, no tiene base jurídica y, sin embargo, tiene un enorme peso sobre nuestros países. En ese sentido creo que el tema de las condicionalidades representa un punto pobre en este proyecto de ley.

D.: ¿Qué opina de la continuidad de los créditos FAD?
A.A.: Ése es uno de los temas que deben ser denunciados y cuestionados. No puede forjarse deuda externa que a la postre termine beneficiando a los países acreedores, y eso sucede y ha sucedido desde hace mucho tiempo. Estos créditos atados a negocios preestablecidos deben ser erradicados. Es preferible establecer relaciones comerciales y financieras transparentes y no utilizar este esquema de deuda externa que a la postre sirve como herramienta política para imponer condiciones a nuestros países. La deuda no es sólo un tema financiero, ni económico solamente, tenemos que partir de eso, es un asunto político que ha servido como herramienta de presión por parte de los acreedores para imponer a los deudores sus condiciones, sus ventajas, sus beneficios y para obligarles a asumir determinadas acciones que, de otra forma, no lo hubiesen conseguido.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/article2454.html