Se crea la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda Pública

El día 8 de diciembre de 2008 fue creada la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Deuda Pública. Está previsto que dicha comisión inicie sus actividades en el primer semestre de 2009, con el objetivo de "investigar la deuda pública de la Unión, Estados y Municipios, el pago de intereses de la misma, los beneficiarios de dichos pagos y su monumetal impacto en las políticas sociales y en el desarrollo sustentable del país".

La creación de esta Comisión constituye una gran victoria para las organizaciones de la sociedad civil que defienden que la deuda pública (externa e interna) es una deuda ilegítima y fue pagada innumerables veces.

Esta CPI es resultado de la iniciativa del Diputado Federal Ivan Valente (Partido Socialismo y Libertad - PSOL) que, en febrero de 2008, presentó un petitorio para su creación. En su justificación, Valente afirma que "desde enero de 2003, inicio del primer mandato de gobierno de Lula, hasta hoy, Brasil destinó más de 851 mil millones de Reales solamente para el pago de intereses nominales de la deuda pública (interna y externa)... Esta decisión es el mayor crimen que se comete contra la población excluida, y quien se beneficia son los bancos y la especulación financiera".

Aun no se trata de la aplicación del Artículo 26 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución que prevee la auditoria de la deuda. Sin embargo, la creación de la CPI ya representa un importante avance, en la medida que sus integrantes tendrán poderes suficientes para investigar a fondo el proceso de endeudamiento.

Será necesario organizar acciones de presión popular en todo Brasil, como una amplia movilización en los estados y municipios, para que el trabajo de los parlamentarios pueda ser acompañado de cerca. Esta necesidad fue resaltada expresamente por el diputado Valente durante diversos paneles y reuniones llevadas a cabo durante el Foro Social Mundial de Belém, ya que el trabajo y resultado de dicha comisión depende de la voluntad política de los parlamentarios y de la presión que se pueda ejercer sobre ellos.

Con la creación de la CPI de la deuda, Brasil sigue el ejemplo de países como Ecuador o Paraguay, que ya avanzan en procesos de auditorías de su deuda pública. En la evaluación de muchos movimientos y organizaciones sociales, es fundamental terminar con ese instrumento de dominación política que representa el endeudamiento y comprobar, a través de auditorías, que los pueblos del Sur son los verdaderos acreedores.

La deuda externa de la banca

En pleno boom de la construcción, y en un país como España, donde apenas existe cultura de ahorro, a los bancos no les quedó más remedio que acudir al exterior para poder seguir financiando la vorágine en que nos habíamos metido. Esa deuda es la que ahora se está pagando. Son 65.000 millones anuales que tienen que abonarse. Esta es la verdadera razón por la que el sector financiero español apenas puede hacer frente a la petición de crédito privado. No es un problema de liquidez. Es algo mucho mas serio.

Los analistas recuerdan que la financiación externa a los bancos españoles se negoció con plazos de amortización relativamente cortos, de cinco a diez años, mientras que éstos, a su vez, revertían el dinero a promotores y consumidores en forma de hipotecas con plazos de amortización de hasta 30 o 40 años en un momento en el que la dureza de la competencia por las guerras hipotecarias entre entidades les obligó a dar todo tipo de facilidades. Lisa y llanamente, los bancos se quedaron con el marrón. Cogieron dinero que tienen que devolver en un plazo mucho menor al que lo han dejado.

Los expertos estiman que, en este tipo de operaciones, se desembolsó aproximadamente el 1,5% del Producto Interior Bruto por lo que, con amortizaciones entre cinco y diez años, el desembolso de principal e intereses de mercado, suponen un total de 65.000 millones de año comprometidos. Ni siquiera los 30.000 millones, ampliables a 50.000 millones que el Gobierno ha puesto a disposición de las entidades financieras para la "compra de activos de alta calidad" que ya nadie se corta en llamar "ayudas directas a los bancos" son suficientes para hacer frente a semejante deuda. Aún así, los bancos siguen maquillando los balances contables y ofreciendo dividendos "porque si decimos claramente que estamos en situación de pérdidas se nos echan encima", señala un directivo de uno de los grandes bancos, que pide guardar el anonimato.

Secreto a voces

Pero aunque la sociedad no esté al corriente de lo que está pasando, el Banco de España lo sabe. Y sus inspectores aún más. De ahí que en la lista de posibles "intervenciones" figuren una gran cantidad de cajas de ahorro y en torno a cinco o seis grandes bancos, según ha podido saber Diariocritico de fuentes próximas al Instituto Emisor.

La alternativa para solucionar el problema de las cajas de ahorro pasa por las fusiones y concentraciones. Sobre todo por que "las grandes" se hagan cargo de las pequeñas. De ahí que Miguel Ángel Fernández Ordóñez se haya puesto en contacto con las autoridades autonómicas que tienen algo que decir en las cajas mas solventes: las vascas, concretamente la "Kutxa ", la madrileña Caja Madrid, la Andaluza Unicaja y la catalana La Caixa. Ellas son las encargadas de resolver el problema de las entidades más problemáticas. Aún así, de aquí a junio el Instituto Emisor es consciente de que va a tener que utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos para "rescatar" a alguna caja y, sobre todo algún banco mediano que va a tener serios problemas de solvencia.

De ahí que haya sido el propio Solbes, el vicepresidente económico del Gobierno, el encargado de empezar a explicar a la sociedad que no va a haber "banco malo" que se haga cargo de los activos contaminados, porque ese "banco malo" ya existe en España en forma de Fondo de Garantía de Depósitos. En este organismo se preparan para trabajar a tope en los próximos meses. Por sus ventanillas van a pasar muchas entidades con problemas, y alguna de ellas de cierta importancia.

Esa es la clave para entender las restricciones de crédito a familias y empresas. Lo peor de todo es que no hay buena noticia. La mala, aquí contada, se va a mantener durante un tiempo todavía. Y de esta es difícil salir. Y ni siquiera se sabe cuando se verá el final del túnel.

Diariocrítico de la economía (19/02/2009)

Cuba y Argentina suman un tercio de la deuda exterior con España

Madrid, 7 feb (EFE).- Cuba y Argentina concentran un tercio de la deuda que países extranjeros tienen contraída con España, al sumar entre ambos 2.888,4 millones de euros de un total de 8.367,7 millones.

La deuda de Cuba con España asciende a 1.815,7 millones de euros, lo que representa el 21,7 por ciento del total, y la de Argentina, a 1.072,6 millones, un 12,8 por ciento, según datos del Gobierno a 1 de septiembre de 2008.

Por detrás de estos dos países, se sitúan China, con 680 millones de euros (8,1 por ciento del total); Egipto, con 472,9 millones (5,7) e Indonesia, con 342,8 millones (4,1).

Les siguen Costa de Marfil, con 305 millones (3,6); Turquía, con 292,6 millones (3,5); Argelia, con 284,3 millones (3,4); México, con 267,3 millones (3,2), y Marruecos, con 245,2 millones (2,9).

La lista de principales deudores la componen 75 países, aparte de otros de menor cuantía, según se recoge en una respuesta escrita del Gobierno dirigida al senador del PP Eugenio Gonzálvez, a la que ha tenido acceso EFE.

La deuda externa es uno de los asuntos de índole económico que se abordará durante la visita de Estado que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hará a España los próximos lunes y martes, la primera desde que llegó al poder en octubre de 2007.

El grueso del débito tiene su origen en un crédito que España concedió a Argentina en marzo de 2001 para ayudar a superar la delicada situación financiera que padecía entonces, que derivó en el llamado "corralito" que afectó a miles de sus ciudadanos.

El anterior presidente argentino, Néstor Kirchner, esposo de su sucesora, y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzaron un compromiso en noviembre de 2006 para saldar la deuda, cifrada entonces en unos 750 millones de euros.

El acuerdo, firmado en enero de 2007, establecía un plazo de seis años -hasta 2011- para completar el pago.

Argentina también debe a España otros 300 millones de euros del total de 4.650 millones (6.706 millones de dólares) que le prestó el Club de París, el grupo informal de diecinueve países acreedores -entre ellos, España- cuyo objetivo es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles para el pago de la deuda oficial de las naciones pobres.

Cristina Fernández anunció el pasado mes de septiembre su disposición pagar la totalidad del préstamos concedido para afrontar la crisis económica de 2001.

En el caso de Cuba, el débito se arrastra desde hace más de una década, en su mayoría, derivado de operaciones comerciales, y en menor medida, por Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Esta deuda fue objeto de debate en la visita que el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, hizo a Madrid el pasado mes de octubre, cuando acordó con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, una renegociación con el fin favorecer el proceso de reformas y las inversiones en la isla.

El Gobierno cubano comenzó a mostrar interés en pagarlo después del viaje que Moratinos hizo a La Habana en abril de 2007, que abrió una nueva etapa en la relación bilateral.

En el marco de su política de cooperación, España ha condonado obligaciones a 41 países por valor de 3.389 millones de euros desde 1996 a 2008.

El más beneficiado ha sido Nicaragua, con 684,5 millones de euros, seguido de Guatemala (452,7); Irak (409,3); Honduras (320); Madagascar (225,1); República Democrática del Congo (210,1); Senegal (169,7) y Marruecos (132,4).